¿Agua para “vivir bien” o para el “desarrollo” del
negocio extractivo?
(Fundación Solón).- El cambio climático, la incesante
explotación de recursos naturales y la creciente contaminación se han
convertido en las peores amenazas para las fuentes de agua en Bolivia,
coincidieron decenas de líderes campesinos, indígenas, investigadores y representantes
de organizaciones sociales en el Seminario “El Agua para la Vida: Retos y
Desafíos en un contexto de crisis global de los bienes comunes” realizado
los días 25 y 26 de octubre para dar cierre a la serie de seminarios que esta
campaña promovió en todo el territorio boliviano. Este evento de clausura,
realizado en la Casa Museo Walter Solón Romero en la ciudad de La Paz,
sintetizó semanas de debate en el marco de la VII Campaña Octubre Azul.
Más de un centenar de
instituciones, organizaciones, redes, medios de comunicación y activistas de
todo el país, en coordinación con la Fundación Solón, participaron en la
Campaña Octubre Azul 2012, y centraron sus debates en torno a cuatro ejes
temáticos: los derechos humanos y en este marco el derecho humano al agua y el
saneamiento, la crisis climática, las políticas económicas extractivistas y la
soberanía alimentaria.
Los campesinos del altiplano,
los regantes de los valles y los indígenas de tierras bajas exigen que se
cumpla el derecho humano al agua; que se asegure el agua limpia para el riego;
soluciones efectivas a la contaminación; y participación amplia y democrática
en todos los programas nacionales de adaptación al cambio climático, en la ley
de aguas, en la ley minera y en el diseño de un nuevo plan de desarrollo que
promueva el “vivir bien” de los seres humanos y no el “desarrollo” del poder
empresarial enfocado en la ambición sin límites.
En el evento de clausura de la
Campaña Octubre Azul 2012, representantes de todo el país coincidieron en que
el modelo económico, en boga en todo el mundo, que alienta el consumismo y la sobre explotación de la Naturaleza es la
principal causa del calentamiento climático y de la crisis ecológica. Además,
constataron que el capitalismo
promueve la mercantilización de la vida misma, con el apoyo de algunos
organismos de Naciones Unidas, como por ejemplo el Programa para el Medio
Ambiente (PNUMA).
Se evidenció que el denominado “capitalismo verde”
avanza a paso acelerado no sólo en los principales foros internacionales sino
en las diferentes estructuras de inversión y en los niveles de gestión
ambiental, y uno de los recursos naturales más afectados es precisamente el
agua, inclusive en Bolivia, donde gracias a las luchas sociales se
constitucionalizó el acceso al agua como un “derecho humano”. Pese a que
la Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia aborda la temática
ambiental de manera transversalizada, la legislación no se aplica
necesariamente bajo estos principios y se observa una creciente flexibilización
de las normas de protección ambiental en aras de proyectos productivos y un
modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales y las
materias primas.
Claro ejemplo de ello es la notoria emergencia de
corrientes que comienzan a imponer nuevas legislaciones contrarias a la
preservación del medio ambiente y a la gestión del agua como un bien público
como por ejemplo: el anteproyecto de Ley Minera, la Ley de la Revolución
Productiva Comunitaria Agropecuaria y la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo
Integral para Vivir Bien.
Después de la Guerra del Agua en Cochabamba, las
organizaciones sociales lograron incorporar sus propuestas para la gestión
social de las fuentes hídricas como un bien público en el capítulo 5 de la CPE,
y lograron consensuar un proyecto de Ley marco denominado “Agua para la Vida”
que proscribe toda forma de privatización. Pero al mismo tiempo otros sectores
sociales elaboraron una propuesta legislativa con objetivos diametralmente
distintos; se trata de una copia de la Ley de Aguas aprobada por el ex
presidente peruano Alan García, favorece la actividad extractiva e incluso le
pone precio a todas las fuentes de agua.
En general, se observa con preocupación que las
corrientes neoliberales van tomando cuerpo en el seno del Estado, cuyo
principal interés es fomentar el extractivismo minero, hidrocarburífero y
agroindustrial. En realidad, la explotación de recursos naturales se ha
convertido en una política de Estado, pese a que los graves impactos
ambientales cuestionan los escasos beneficios de ese modelo de desarrollo.
Dado que el extractivismo se ha convertido en una
actividad estratégica de interés público prioritario promovido por el Estado
Plurinacional, se observa una creciente desregulación de la legislación
ambiental con el fin de viabilizar proyectos y obras de “desarrollo” sin
consultar a las comunidades afectadas, sin informar a la población en general
sobre sus impactos.
Los participantes expusieron los impactos del
extractivismo en decenas de comunidades indígenas y campesinas, y también en
los Parques Aguarague, Madidi y TIPNIS. Por ejemplo, delegados del CPILAP del
norte amazónico hicieron notar que el gobierno ha nacionalizado todos los
parques y ahora el Estado está gestionando megaproyectos “desde arriba” en el
Parque Madidi: la represa del Bala, la explotación de petróleo a partir de
junio de 2013, el ingenio azucarero de San Buenaventura, la construcción del
puente de Rurrenabaque- San Buenaventura de un kilómetro y medio, que es parte
de la carretera internacional más conocida como Corredor Norte.
Privilegios para la minería
Es motivo de gran preocupación la severa contaminación
minera de los ríos Pilcomayo y de la cuenca del Poopó debido el extractivismo
minero, y pareciera que el Estado tiene privilegios para contaminar los ríos
del centro minero de Huanuni, al igual que las actividades de los
cooperativistas de la zona. Fue recurrente la crítica a este notorio conflicto
de intereses. Los representantes de CORIDUP dieron varios testimonios de
preocupación y angustia, sobre la contaminación de sus tierras, del agua que
usan para beber, para la agricultura y para la crianza de ganados a efecto de
las actividades realizadas por la empresa Inti Raymi, específicamente el
proyecto de Koricollo, y que ahora, después de la Auditoría Ambiental, aun no
se han establecido responsabilidades y reparaciones.
Lo peor de todo es que continúa vigente el Código de
Minería 1777 aprobado por Gonzalo Sánchez de Lozada y está en discusión un
proyecto de ley minera elaborado por cooperativistas y el Ministerio de Minería
y Metalurgia, el cual podría estar otorgando más privilegios a la inversión
privada. La versión que se conoce de septiembre de 2012 no se diferencia
mucho del Código de Goni con respecto al agua, e inclusive va más allá al
autorizar la privatización explicita del agua, vulnerando los derechos de uso
de comunidades agrícolas indígenas originarias.
Florece el agronegocio
Los datos estadísticos y las cifras oficiales
evidencian que el agronegocio prospera en el país. Bolivia se encuentra entre
los 11 países que producen transgénicos a nivel mundial y gasta 400 millones de
dólares anuales en agroquímicos. Grandes transnacionales agroquímicas se
asentaron en Santa Cruz y hasta Syngenta está trabajado con productores de
quinua en Oruro.
El principal objetivo de la política agrícola actual
no es alimentar a los bolivianos sino aumentar las exportaciones
agroindustriales, lo que supone desarrollar un enclave productivo sin
vinculaciones con el resto de la economía, y que se caracteriza por
sobreexplotar la tierra con la siembra de monocultivos transgénicos.
“Santa Cruz esta glifosateada; después de agotar las
tierras con monocultivos intensivos los menonos (menonitas) siguen avanzando
desde Cuatro Cañadas hasta San Ramón, San Javier, San Ignacio de Velasco,
buscando nuevas tierras fértiles”, denunció una representante campesina de
Santa Cruz. En la práctica, el discurso oficial cambió a “Viva la Pachamama y
la Madre Tierra con transgénicos y agrotóxicos”, ironizó el experto de Probioma
Miguel Crespo.
Para colmo, los programas de apoyo del Estado y los
créditos solo llegan a los grandes empresarios. “Y a los chiquitos no nos
compran ni leche; yo tengo 30 hectáreas y estoy dos años buscando créditos en
vano. El banco dice que hay que tener más de 50 hectáreas para tener crédito”,
señalaron representantes de ARECRUZ. Lo triste es que los pequeños productores
también deben lidiar con la sequía y los incendios forestales: “estamos
acarreando agüita para nuestros chanchitos en carretilla… ¡Debería haber
salvavidas para nosotros; pedimos una solución por Dios!”, imploró la mujer
campesina con lágrimas en los ojos.
Los derechos humanos pasan a segundo plano
En Bolivia hay muchas leyes y se pronuncian encendidos
discursos en defensa de la Pachamama, pero el pequeño productor y los
ciudadanos siguen con sus problemas irresueltos. Mucho dinero llega al país
dizque para proteger a la Madre Tierra y dar agua a la gente, pero miles de
personas en el campo siguen esperando agua potable. En los hechos, la
burocracia estatal se gasta los créditos y las donaciones en estudios y más
estudios que terminan apilados en las gavetas de los Ministerios, o pagando las
maestrías y doctorados de los técnicos del gobierno, lamentó el representante
de AOPEB.
La gente se siente abandonada y la situación de las
mujeres es de desesperanza y casi de resignación. “Nos pronunciamos en la
defensa del agua, tenemos propuestas y muchas cosas que decir, y queremos que
nuestro gobierno nos escuche”, exclamaron delegados de todo el país en el
Seminario “El Agua para la Vida: Retos y Desafíos en un contexto de crisis
global de los bienes comunes”.
A manera de autocrítica, los representantes de las
organizaciones participantes reconocieron que hasta ahora fueron tolerantes con
las autoridades del gobierno, por lo que expresaron con firmeza que “Los
derechos al medioambiente sano y al agua no se cumplen, y no hay agua en el
campo y en las zonas periurbanas”. También señalaron que se sienten engañados
por el gobierno porque no escucha y atiende estas demandas oportunamente:
“Cuando queremos hablar la verdad no nos dejan o nos acusan de derechistas”;
“estamos mendigando audiencias o esperando 10 años auditorías ambientales
manipuladas que no sirven para nada, como en el caso del proyecto Kori Kollo de
Inti Raymi”, “Pareciera que nuestras autoridades son ciegas, sordas y mudas, y
se han acostumbrado a mentir”; “ya basta de amontonar estudios y leyes, pasó el
tiempo de los discursos; es hora de que el gobierno cumpla sus compromisos”.
